El ANMaC Vs. los Legítimos Usuarios

Con las medidas tomadas en los últimos tiempos, la dirección del ANMAC se ha transformado, lisa y llanamente, en el principal enemigo de los legítimos usuarios. Un ente que sólo tenía como misión el registro de armas (con todo lo que ello implica) y gracias a los cambios introducidos a final del gobierno populista y aprobado por el arco político con una rapidez ávida de conseguir votos en el 2015 termina generando obstáculos que atentan con los derechos de los ciudadanos, afectan la actividad de los profesionales médicos en distintos ámbitos, destrozan una actividad deportiva, económica y social con miles de trabajadores prácticamente en la calle, mas el fomentar la ilegalidad dejando afuera del sistema a la gran mayoría de los legítimos usuarios y, como frutilla del postre, NO HACEN NADA CONTRA LA INSEGURIDAD. Parece ser que la mentirosa doctrina del Gobierno anterior, quien poniendo al frente al Dr. Aníbal Fernández, comenzó la campaña del desarme proponiendo la sancionada Ley 26216, oportunamente más conocida como la Ley del Desarme, la que fue promovida por este ex funcionario cuando estuvo en el Ministerio del Interior, y que luego cuando fue Ministro de Justicia tuvo bajo su órbita al RENAR, y quien torpemente dijo el "Tener un arma en Argentina es un privilegio", frase que no fue sólo es repetida por los desarmistas, sino que con esta frase se rigen hoy los nuevos directivos del ANMaC.

Tanto ayer como hoy los funcionarios ignoran atribuciones naturales y básicas de los individuos, subrogándolas a sus intereses políticos y denominándolas (según convenga en el momento) "privilegios" , olvidándose que en nuestro país, según rezan la Constitución y las Leyes, no existen más los privilegios, y lo que hoy se ven vulnerados son nuestros Derechos como Legítimos Usuarios.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) fue creada por la Ley 27192 en octubre de 2015 para reemplazar al RENAR y es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigue con su autarquía económica financiera (situación que en manos de algunos oportunistas, al parecer buscan hacer caja con la burocracia), tiene personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Digamos que esta nueva Ley cambió el funcionamiento de lo que venía haciendo el RENAR y solo sirve para crear nuevos lineamientos inducidos por el revoleo del cambio del nuevo gobierno. Nuevos Lineamientos que se realizan sin fundamentos que los hagan valederos más allá del que sea una "picardía creativa", de crear nuevos inconvenientes tendientes a destrozar el Organismo Registral, cosa que ya viene sucediendo desde hace varios años. En otras palabras, durante el cambio del collar del perro, a las pulgas y garrapatas no las sacaron del todo y solo las cambiaron por otras. ¿El no curarlo de estas plagas fue solo por omisión o fue un acto fallido? Eso es algo que tarde o temprano y a la luz de los juicios que le llueven, tanto la Dirección de la Agencia y quienes están por encima de ella deberán responder.

A este en organismo que hoy debería continuar con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, (a la cual destroza), se le suma "la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por ley que la creó". Absurdo total.

O sea que deja de ser un registro y pasa a ser otro organismo de control social para las personas dentro de la ley como viene pasando durante los gobiernos autodenominados "progresistas" (socialismo populista del siglo XXI). Al agregársele estas funciones extras, las personas que registran sus armas, pasan a engrosar una lista de personas, cuanto menos, dudosas para el gobierno de turno. Registrar un arma termina siendo un hecho casi incriminatorio a los ojos del estado que sigue la agenda turbia de los desarmistas en vez de ser un acto administrativo de las personas dentro de la ley.

Dentro de las facultades del ANMAC están la clásica montaña de atribuciones aglutinadas en un solo ente, típicas de un estado poco acostumbrado a las libertades republicanas como la Argentina, y que al ser de un carácter legislativo y punitivo, son impropias para un ente dependiente del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) ya que toman atributos exclusivos de los Poderes Legislativos y Judicial. O tal vez sea, porque en el momento de su sanción, los Legisladores Nacionales no sabían lo que hacían o estaban pensando en otra cosa y la orden era de levantar la mano y punto. Más una falta de conocimiento, o mala intención de quien la promovía y de quienes la votaban.

Por un lado está facultado a "registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216. Determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente. Llevar un registro único de información. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos".

Hasta acá, sin ponerse a hilar finito en cada punto y dejando de lado la dignidad de los individuos dentro de una República a los que toca, todo se mezcla más o menos para darle un marco "técnico" a las atribuciones impropias, dudosamente justificable, y bien lejos del ideal de quienes abogan por una sociedad madura y libre.

Ahora bien, a lo anterior se le sumó a partir de la reforma de ese 2015 una serie de atribuciones que ampliaron aún más el mero ámbito registral y técnico. Es así que ahora puede:

"Realizar programas de concientización y sensibilización sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego en la sociedad, que promuevan la cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios cuyo desempeño se vincule con la materia. Asimismo, capacitar a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales, medios de prensa, nacionales o internacionales. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. Llevar adelante políticas de intercambio de información respecto de la normativa y los procesos con organismos extranjeros dentro del marco de la cooperación internacional. Realizar programas de investigación sobre el mercado de armas, su uso y sus consecuencias, que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas. Evaluar y analizar la efectividad de las normas técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes." Sin haber tenido jamás en cuenta de quienes iban a conducir los destinos de este organismo. Si eran capaces, idóneos o con el básico conocimiento sobre el o los temas que iban a tratar. Creo que eso no les importó nunca. Tal vez pensaron "Ponemos un amigo, alguien de confianza o una recomendación para mostrar apertura política y listo".

Si leemos con atención podemos apreciar que el segundo listado de atribuciones poco tiene que ver con la naturaleza primera del ANMAC. Es más, hasta juega en contra de las mismas tareas que debe cumplir esta agencia y de su misión. Este agregado enumera una serie tareas que hacen que la agencia ocupe su tiempo y recursos en actividades y objetivos que en un futuro consolidarán en la Argentina las políticas de desarme civil como sucedió en el México manejado por narcos, la amenazada y secuestrada Colombia y la ensangrentada Venezuela. Ese segundo y nuevo listado de atribuciones y tareas implicarían la injerencia de otros estamentos del estado, poniendo en peligro la autarquía del ANMAC, su descentralización y personería jurídica.

Pero acá no termina el problema. Si ponemos en otras palabras las atribuciones del ANMAC podemos decir que tendría la facultad iniciar o de coordinar acciones, de manera sola o en conjunto con otros organismos y agencias para:

• 1) Subir el precio de las armas y municiones
• 2) Reducir el número y tipo de armas para la venta
• 3) Disminuir la promoción/marketing
• 4) Reducir el número de puntos de ventas
• 5) Incrementar los obstáculos para la posesión (licencias restrictivas/ampliar el monitoreo, entrenamiento, minimizar el tamaño de los arsenales)
• 6) Aumentar la responsabilidad de los propietarios (registro, seguridad de almacenaje, responsabilidad)
• 7)Reducir la portación de armas (restricciones por área, época del año, tipos de armas, obstáculos para calificar)
• 8) Estigmatizar a dueños y portadores de armas de fuego.
• 9) Imponer condiciones a vendedores/fabricantes, incluyendo productos estándar y prohibidos
• 10) Restringir/detener la oferta de municiones.

Ese resumen, este decálogo, no es otra cosa que un listado de recomendaciones que aparece en el Manual de Desarme, lineamientos que marcan el discurso de cabecera de los desarmistas, para combatir la tenencia de armas y sólo aplicables al ámbito legal. Hay que recordar que estos grupos anti armas asesoran al ANMAC y al Gobierno y que, como vemos, sus objetivos primarios fueron incorporados formalmente en la creación del ente en el 2015.

Sobran los ejemplos de la puesta en práctica de dichos conceptos. Con la licitación ganada por Dienst Consulting SA que incluye un aumento del costo del 650% por sobre el valor del mercado en parte de los trámites, vemos que el punto número cinco del decálogo desarmista se está aplicando. Los otros puntos ya se vienen aplicando desde hace tiempo. Por ejemplo: El número de armas y tipo está limitado (formularios y costos para distintas categorías según cantidad de armas, calibres prohibidos etc.), las armerías no pueden exhibir armas en sus vidrieras, casi no se entregan portaciones, la variedad de municiones el limitada (con los peligros que llevan las puntas no deformantes para uso policial), las medidas de seguridad exigidas a los usuarios sobrepasan incluso las medidas de seguridad exigidas a dependencias del estado (fiscalías, etc.)? un etcétera grande como los negociados que esto puede generar.

También debemos destacar que se crearon una serie de direcciones y divisiones, puestos y escalafones en el organigrama que llevaron aumentar la cantidad de gente que se sumó a depender del Estado en momentos en donde la austeridad y eficiencia estatal se pide a gritos. Esto se solucionaría solo con uno o dos funcionarios idóneos en puestos adecuados (o incluso con personal de carrera del ente) pero al parecer tantos los funcionarios como esta idea brillan por su ausencia.

Lo peor: tantas líneas y nunca se habla de armas legales e ilegales en la formación del ANMAC. Cabe preguntarse entonces para quienes funciona el ANMAC ¿Quiénes asesoran al ente? ¿Son los mismos que asesoraron a Chávez en el 2006? Es el momento de replantearse cuál es el sentido que tiene el ANMAC y cuál debería ser su deber. ¿Quiénes están a cargo de esta administración? ¿Qué preparación tienen? ¿Es un registro solamente o una fuente de negociados posibles? ¿Quiere combatir a las armas ilegales o está combatiendo a los legítimos usuarios para poder cumplir artificialmente el punto 75 de los 100 objetivos de gobierno? ¿Por qué?

Sólo preguntas que a la luz del desbarranco que viene teniendo, hace afirmar que el ANMAC, así como está, atenta contra los usuarios legales de armas.

Estábamos en una nueva etapa en donde los errores pasados debían subsanarse, donde las políticas malintencionadas debían dejarse de lado y, sobre todo, frente a la evidencia de lo que pasa en Venezuela y México, saber que el desarme civil aumenta el delito, la violencia crece, las mafias policiales e institucionales se consolidan, el gasto publico crece... En definitiva y con el tiempo, el desarme civil mata.

Espero sinceramente que frente al pedido en las redes sociales de distintos sectores allegados a la justicia y en vista de la escalada de violencia de los últimos días el Gobierno se empiece a replantear lógicamente el tema de las armas legales en el país y sobre todo, que el ANMAC deje de ser el enemigo de las personas que están dentro de la ley y un nicho para los negociados de siempre.