¿Es conveniente el uso de la munición de expansión controlada por parte de las Fuerzas de Seguridad?

I.- Introducción

La respuesta es SI!, veamos:

El 4 de julio de 2008, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos suscribió la resolución 1770, en la cual autorizó al personal de la Policía Federal Argentina afectados a servicios de custodias especiales; a los integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (G.E.O.F.) y a los del Grupo Especial 1 (G.E.1) a la utilización de munición clasificada como expansiva, a diferencia del resto de la fuerza que utiliza munición encamisada tronco-cónica.

Para fundar esta decisión, entre otras razones, en los considerandos de la norma citada se sostiene que "...la munición de proyectil expansivo tiene la capacidad de inhibir eficazmente, con la menor reacción, el poder ofensivo de un eventual agresor...".

También asume que "...la munición de proyectil expansivo disminuye, asimismo, la velocidad y los eventuales rebotes en superficies duras, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de ciudadanos que se hallaren en los recintos o en las áreas circundantes al lugar de un enfrentamiento armado...".

Finalmente refiere que "...la munición de proyectil expansivo fue concebida para el empleo específico por parte de fuerzas de seguridad y policiales de un importante número de países del mundo...".

El 8 de julio el matutino "Ambito Financiero" de la ciudad de Buenos Aires daba cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de dicha resolución y en una nota, de la que no se hace cargo ningún periodista, se cuestiona la medida con una serie de argumentos que, parafraseando a otro periodista, contienen la más alta cantidad de errores técnicos por centímetro cuadrado de papel.

En el articulo, más precisamente en la "bajada" del titulo, se puede leer que "...Sólo ellos están habilitados (por los grupos antes individualizados) para disparar estos proyectiles temibles, cuestionados por los organismos de derechos humanos, hasta prohibidos en las guerras...".

Ya en el cuerpo de la nota se reseña que se autorizó "...el uso de las llamadas balas "dum dum" o expansivas, que estaban expresamente prohibidas por la ley de armas (salvo para cacería o uso deportivo) y también condenadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos por el daño que causan a la víctima de los disparos (...y también que) admite el uso de ese tipo de proyectiles desgarrantes que suelen preferir los comandos (y también los criminales) porque, a diferencia de los proyectiles penetrantes, derriban a la víctima y producen daños físicos altísimos. Esto último se ha usado como fundamento para la prohibición y para la condena de su empleo por razones humanitarias, incluso en escenario de guerra..." (el resaltado pertenece al original).

Además sostiene que la resolución "...pone a la Argentina, sin embargo, en la lista de los países observados por las organizaciones humanitarias, que también han peleado mucho por la eliminación de otras armas que producen daños a la víctima, como las minas antipersonal o las llamadas "racimo", que extienden los daños en una zona determinada...".

Ingresando en un plano técnico refiere que "...Existen básicamente tres clases de municiones: las perforantes, las expansivas y las explosivas (sin considerar las trazantes). En algún momento, por una razón humanitaria, se prohibieron estas dos últimas, por las heridas que causaban. En los casos policiales, el tema es que las perforantes no suelen detener al delincuente agresor y como son perforantes pueden herir a otra persona luego de pasar por el blanco principal. La inercia del proyectil los hace continuar camino, y al ser blindadas al completo, no se deforman tan fácilmente..." (el resaltado pertenece al original).

Finalmente manifiesta que "...Las expansivas, por la forma de la cabeza del proyectil, normalmente, no blindado, tienen menos penetración pero dañan más al blanco y lo frenan con mayor seguridad. Es como que toda la inercia del proyectil es absorbida por el cuerpo del blanco (...) Las expansivas de "punta hueca". Hay otros modelos más nuevos en los cuales la fragmentación del proyectil está predefinida para que toda la energía del proyectil se agote en el cuerpo del blanco, no importa dónde haga impacto, pero realizando más daño y derribando por la fuerza del impacto..." (el resaltado pertenece al original).

Con cierto retraso, el matutino "Critica de la Argentina", también de la ciudad de Buenos Aires, el 27 de junio del presente año, entrándole también a esta cuestión informó que "...El 4 de julio Aníbal Fernández firmó una resolución inexplicable, sobre todo a la luz de su triple condición de Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (...) Esa bala de altísimo poder de daño y letalidad, ha sido condenada y prohibida por la Declaración de La Haya y la Convención de Ginebra. Los fundamentos utilizados por Fernández son idénticos a los que esgrimió en su momento el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, héroe del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg...", en fin que tendrá que ver el dulce de leche con la pomada, el comentario es, aparte de tendencioso, poco serio al momento de evaluar el tratamiento técnico que se le da a la resolución cuestionada (conf. VIAU, Susana: www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=notanid=8788 edición del 27 de julio de 2008).

Continúa la periodista explicando que "...es su formidable 'poder de parada', su stop power, eso que el habla cotidiana designa como ?dejar seco?. No es para menos: el proyectil expansivo -o de punta hueca- al impactar en el blanco no atraviesa de lado a lado (en sedal) el cuerpo del "eventual agresor" sino que se abre dentro de él causando una carnicería..."; ni la expresión "stop power" (si se quiere ser preciso, "stopping power", ni la de "dejar seco", forman parte del glosario usado en balística.

Inicia su conclusión citando una nota critica de alguien llamado Norman Siegel y del cual no da precisiones bibliográficas y finaliza: "...Su utilización (por la munición expansiva) -sostuvo un alto oficial del Ejército- puede llevar a los tribunales de Ginebra al país que legitime su uso. El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires León Arslanian quedó estupefacto ante la consulta de Crítica de la Argentina. "Su utilización civil está prohibida -señaló-. El principio que gobierna todo esto es que el uso de la fuerza sea un uso limitado, un uso racional, que se basa en el principio de mínima suficiencia. La verdad es que tengo una prevención al respecto". Voceros del Ministerio de Justicia se esforzaron por explicar que "la resolución lo que hace es poner orden en algo que venía ocurriendo y limitar su uso a cuerpos especiales. El RENAR admite que la Convención de Ginebra prohíbe la venta de este proyectil a particulares y también prohíbe su uso civil". Además de que los fundamentos de la resolución 1.770 no parecen destinados a limitar el uso de las "dum-dum" sino a justificarlo, es de señalar que su empleo está vedado, incluso, en situaciones de guerra. Por ende también su uso civil. Y la Policía Federal es, hasta nueva orden, un cuerpo civil..." (según nota "ut supra" citada).

Los errores (se podría decir, sin mentir, falsedades) de orden lingüístico, conceptual, técnico e histórico, de ambas notas periodísticas y que intentan confrontar los argumentos de la resolución ministerial, se irán refutando a lo largo de los capítulos que a continuación se desarrollaran.

II.- Algunas cuestiones históricas y jurídicas referidas a los comentarios periodísticos antes reproducidos

A.- Sobre algunas de las afirmaciones de lo artículos citados:

1.- En ambos artículos se refieren a estos proyectiles como balas "dum dum" y si bien luego también se las denomina por su nombre genérico, esto es munición expansiva, en realidad se la debió denominar ?proyectiles de expansión controlada? e incluso se las ubica geográficamente como utilizadas "...por primera vez en un enclave militar inglés cercano a Calcuta..." (conf VIAU, Susana - artículo antes citado), lo que no se dice es que en el arsenal de Dumdum - en el entonces Protectorado de la India del Imperio Británico (a fines del siglo XIX) se modificaron las balas, una versión muy popular sostiene que fue haciéndoles a las puntas simples cortes, en cruz en su encamisado, convirtiéndolas en expansivas, para los fusiles calibre .303british.

Sin perjuicio de esta leyenda urbana uno de los Comisarios de la Policía Federal Argentina que más experiencia tiene en tipos de armas y prestación de municiones indicó que lo que se hizo es montar en el proyectil la punta al revés para experimentar si de esta manera se expandía. A raíz de este experimento es que el Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Ruso promovió una serie de reclamamos internacionales que concluyen en la Declaración de San Petersburgo de 1868, que es el único documento del Derecho Internacional Humanitario que se refiere a este tipo de munición (salvo la mención general del artículo 35 inciso 2 del Protocolo I de los convenios de Ginebra de 1949), también debe notarse que el instrumento jurídico es una declaración (como manifestación de voluntad política), no un tratado que, conlleva obligaciones jurídicas y que obliga a las partes que lo suscribieron.

Volviendo a las balas "dum dum", lo que tampoco se dice en ambos artículos periodísticos reseñados, es que es imposible comparar el daño que causa el impacto de un fusil de alto poder respecto de las armas de puño, de las fuerzas de seguridad, sobre las que se autorizó la nueva munición, y en esta cuestión no es importante solamente considerar el calibre sino la cantidad de propelente y el peso de la punta que son esenciales a la cantidad de energía cinética que "entrega" el proyectil al blanco.

Para ponerlo en perspectiva, un fusil calibre .303 (un 7,65 en mm, con una punta de 185 gr.), puede ser utilizado en caza mayor para cualquier pieza que se pueda obtener en nuestro país, pensando en animales de hasta trescientos kilogramos de peso, cacería que sería impensable con una pistola de 9 milímetros.

2.- Otro tema traído a consideración del lector por los periodistas es la letalidad de los proyectiles y la calidad del daño infringido a las victimas. En lo que hace al "tiro policial", se deben hacer algunas precisiones, primero la letalidad o daño no esta dada necesariamente por las cualidades balísticas del proyectil sino por el lugar que impacta y los órganos que interesa.

Un impacto sobre el sistema nervioso central, el cerebelo, el corazón o los grandes vasos del sistema circulatorio es, en general, de una gravedad tal que no hace mucha diferencia la calidad del proyectil o el calibre del arma o la distancia desde que fue disparada; si ese impacto se realiza sobre zonas no vitales entonces la diferencia entre que clase de proyectil provoca la injuria medica no tiene tanta importancia como que permita incapacitar al agresor de manera que pueda ser reducido con el menor peligro de daños para terceros inocentes y del persona policial interviniente.

3.- Respecto de las declaraciones atribuidas a León ARSLANIAN y a lo manifestado según Susana VIAU por el "RENAR", así en abstracto y más arriba reseñadas se debe señalar que, o las preguntas estuvieron mal hechas o las respuestas son equivocadas, tan es así que quien responde correctamente es el propio matutino "Ambito Financiero" que en el articulo citado, informa que según la "ley de armas" (20.429 en su artículo 4 inciso d) todo "Legitimo Usuario" puede utilizar este tipo de proyectiles para cazar o realizar practicas de polígono no siendo aptas para la defensa, entonces es equivocado afirmar que están prohibidas para uso civil ya que estos proyectiles están a disposición de los usuarios en los comercios especializados y restringidos a que los mismos cumplan con los requisitos legales.

4.- En el artículo ya citado del diario "Critica", se hace una referencia, a un trabajo de Norman SIEGEL que sería director de la "American Civil Liberties Union" y que habría referido que durante 1995/6, en enfrentamientos entre delincuentes y policías (no dice donde) se habían registrado quince casos de transeúntes heridos por error o fatalidad, "...ocho de ellos por impacto directo, cinco por balas que atravesaron el blanco y dos por balas que rebotaron. Es decir que la mayor parte era atribuible a la impericia policial y una minoría a los rebotes o al 'efecto sedal'...".

Ciertamente, la conclusión propuesta es particularmente cínica, ya que en un universo de quince (15) casos, si siete (7) lo fueron por la munición, esto es un porcentaje del cuarenta y seis punto sesenta y seis por ciento (46,66 %) y ocho (8) casos por la supuesta impericia policial, que representan el cincuenta y tres punto treinta y cuatro (53,34 %) de la totalidad de la muestra, lo lógico es plantear que hay que mejorar casi por partes iguales tanto el entrenamiento del personal policial (que representa apenas más que el cincuenta por ciento del problema) y además buscar las soluciones que posibiliten resolver la cuestiones técnicas, referidas a la balística de efectos del proyectil y al calibre del arma que, por cierto, representa casi el otro cincuenta por ciento del problema.

También hay que señalar que en ningún momento la periodista informa que munición o armas usaba la policía en cuestión o cuál era su calibre, todas cuestiones que son importantes al momento de evaluar técnicamente el desempeño del personal policial y del armamento con los que el Estado los provee para el cumplimiento de las misiones que le son encomendadas.-

5.- En el artículo publicado por el matutino "Crítica de la Argentina", también se cita que en los considerandos de la resolución, no se cita que países o cuerpos policiales utilizan este tipo de munición, y si bien es cierto que no se aclara, se puede decir que todos los cuerpos de intervención especial (tipo SWAT), el calibre utilizado es en general superior al 9 mm., prefiriéndose el .40 SW o el .45ACP (11,25 mm).

A modo de ejemplo el Grupo de Intervención Táctico de Miami ya en 1991 estaba en proceso de transición del 9 mm. al .40SW, las principales agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos de Norteamérica utilizan armas de calibre superior al 9 mm. todas provistas con munición expansiva porque la munición "full metal jacket" está prohibida como munición a ser utilizado por dichas agencias dentro del territorio americano, por ser munición de exclusivo uso militar.

De la revisión bibliográfica realizada para escribir este trabajo la única policía europea que adoptó y mantiene, por reglamento la munición con punta encamisada con núcleo de plomo (la reiteradamente citada "full metal jacket"), es la de Suiza.

6.- En el artículo de "Ambito Financiero" al referirse a las características de la munición denominada "full metal jacket", sostiene que "...La inercia del proyectil los hace continuar camino, y al ser blindadas al completo, no se deforman tan fácilmente...".

Y al definir las puntas expansivas o deformantes sostiene que "...por la forma de la cabeza del proyectil, normalmente, no blindado, tienen menos penetración pero dañan más al blanco y lo frenan con mayor seguridad. Es como que toda la inercia del proyectil es absorbida por el cuerpo del blanco...".

En ese sentido y para contrastar a "Mr. Siegel" se han de reseñar tres simples ejemplos, hogareños por así decir, para demostrar que las características balísticas de la munición provista a las fuerzas de seguridad no debe considerarse como una cuestión menor, así podemos señalar que:

a.- El primero es la de una suboficial de la Policía Federal Argentina, que prestando un servicio "adicional" de seguridad en una institución bancaria y que por estrictas razones personales y con la pistola y munición entonces provista, calibre 9 x 19 mm con punta "full metal jacket" se suicidó apoyándose el arma en el pecho de espaldas a la línea de cajas de atención al público, y disparándose de tal modo que el proyectil, luego de traspasar su cuerpo, impactó en una clienta causándole la muerte.- Es a partir de este hecho que, la Policía Federal Argentina comenzó a proveer a su personal la munición en versión de tronco-cónica.

b.- También, podemos reseñar, que en ocasión de una persecución policial, en el barrio de "la boca" en la ciudad de Buenos Aires donde luego de un intercambio de disparos entre dos automóviles, uno de ellos policial, un bala que, tras un primer impacto contra una pared el proyectil rebota y alcanza a una tercera persona causándole la muerte.

c.- Por último podemos señalar un hecho de similares características al primero de los reseñados, cuanto el suscripto, ejerciendo su jurisdicción, tuvo bajo investigación, en septiembre de 2004 y en el que con posterioridad se determinó como causa de la muerte un disparo en el pecho de una agente de la Prefectura Naval Argentina, quien lo hiciera con la pistola y munición provista por la institución (calibre 9 x 19 mm, punta "full metal jacket") y cuyo proyectil luego de traspasar su cuerpo fue hallado en el tapizado de una silla a dos y medio metros de donde cayo el cuerpo, sin dudas hubiera impactado en quien estuviera sentado en ella.

B.- Precisiones históricas y jurídicas:

Queda por responder las cuestiones que tienen que ver con la condena internacional al empleo de este tipo de munición y las cuestiones relativas a la "...Declaración de la Haya y a la Convención de Ginebra...".

En los artículos se hace referencia a estas cuestiones y entre otros argumentos que fueron relevados esta la "opinión" de un anónimo "...oficial del Ejército..." quien sostuvo "...Su utilización (...) puede llevar a los tribunales de Ginebra al país que legitime su uso..."; en los artículos también se sostienen afirmaciones del tipo que el uso de dicha munición acarrea la "...condena de su empleo por razones humanitarias incluso en escenarios de guerra..." o que pone a la Argentina en la lista de países observados, poniendo el uso de esta munición al mismo nivel que las minas antipersonales o el uso de las bombas "en racimo"; también está la afirmación del "RENAR", sin mencionar quien lo dice, cuando admite que "...la Convención de Ginebra..." prohíbe este tipo de proyectiles en particular.

El conjunto de estas afirmaciones hace referencia a la supuesta condena a la que se expone la Argentina por el uso de esta munición, que según los autores esta prohibida por lo que denominan "...la Declaración de La Haya o el Convenio de Ginebra...", en puridad los autores debieron haber sostenido que existen DOS declaraciones firmadas, una en San Petersburgo en 1868 y la otra en La Haya en 1899, en las cuales se hace mención a la prohibición del uso de determinadas municiones en ocasión de actividades bélicas, y las palabras mágicas eran "tipos de armas que está permitido usar en conflictos armados", o dicho de otras maneras en situaciones de guerra internacional.

En la evolución del derecho internacional esta parte del derecho es conocida como el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y es el que, como antes referimos, quien vigila el comportamiento de los Estados en situaciones de enfrentamiento bélico.

En este punto los periodistas deberían haberse preguntado cuál es la diferencia entre "derecho internacional humanitario" y "derecho internacional de los derechos humanos", la respuesta es simple, el primero, más restrictivo, se aplica específicamente a situaciones de guerra y el segundo, mucho más amplio, a cualquier otra situación de violación de derechos humanos.

Por tanto deberían haber orientado su investigación, a corroborar si la decisión del Ministro violó alguna norma convencional o consetudinaria del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.- Es decir, si hubieran investigado a conciencia hubieran descubierto que no violaba ninguno de los dos sistemas de protección internacional.-

Y, más allá de cualquier ironía, lo cierto es que el derecho internacional humanitario se aplica únicamente en situaciones de acciones bélicas (v. GUERRA), declarada o no, internacional o civil, y NUNCA en la actuación de las agencias de seguridad, en la aplicación de la ley en lo interno de los Estados, por tanto este tipo de munición esta prohibida en ocasión de guerra y en su caso el comentario del "...alto oficial del Ejercito..." es o una falsedad o una demostración de ignorancia del "oficial" al responder sobre algo que ignora o del periodista que preguntó en el lugar inapropiado y por tanto la respuesta que recibió resultó equivocada.

Un detalle adicional de la falta de seriedad de las fuentes señaladas en las notas es que se alude a la "...Convención de Ginebra..." cuando en realidad originalmente son cuatro convenios y dos protocolos y ninguno de ellos se refiere a esta cuestión especifica, salvo la mención genérica del artículo 35 inciso 2 del Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

Que para decirlo más precisamente, tal como ya fuera mencionado, la única alusión que existe en los instrumentos internacionales que conforman el DIH, referidos a los proyectiles de armas de fuego son la Declaración de San Petersburgo del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 1868 y la Declaración de La Haya del 29 de julio de 1899.

Y para poner esta cuestión en una perspectiva histórica correcta es apropiado señalar que a finales del siglo XVIII, se podría decir de la mano de un humanismo kantiano, o del sentido común, los militares y los diplomáticos de la grandes potencias imperiales europeas, llegaron a la cuenta que un soldado herido causaba al enemigo, en un escenario bélico, más complicaciones logísticas (por ejemplo, el armado y sostenimiento del sistema de sanidad) que uno muerto y que no era necesario causar más daño corporal que el estrictamente necesario para dejarlo fuera de combate, se decía que, un soldado herido implicaba además de esa baja, la de, al menos, otros tres soldados que dejaban la batalla para retirarlo a un lugar seguro, en cambio al soldado muerto se lo dejaba en el lugar hasta que el combate concluyera.

En ese marco algunos Estados europeos, a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, comenzaron por vía de convenios, al desarrollo de lo que se conoce comúnmente, como Derecho Internacional Humanitario (DIH) (conf. convenios del 22 de agosto de 1864, 6 de julio de 1906 y 27 de julio de 1929, luego reemplazados por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales todos del 12 de agosto de 1949).

También en esa línea del desarrollo del DIH algunos países europeos firmaron la Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de "guerra" y otra declaración prohibiendo el empleo de las balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano en La Haya en julio de 1899.- El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que "...El derecho internacional humanitario (también conocido como 'el derecho de los conflictos armados' o 'el derecho de la guerra') es un conjunto de normas cuyo objetivo es proteger a las personas que, en situaciones de conflicto armado, no participan o que ya no participan en las hostilidades (por ejemplo, la población civil y los combatientes heridos, enfermos y capturados), y regular la conducción de las hostilidades (es decir, los medios y los métodos de guerra) (...) El derecho internacional humanitario impone obligaciones a todas las partes en un conflicto armado (...) El derecho internacional humanitario se aplica en los conflictos armados, sean o no de índole internacional, y a algunas consecuencias de los conflictos armados (...) si bien algunos derechos humanos fundamentales, como el derecho a no ser sometido a torturas, están garantizados tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional de los derechos humanos, este último tiene un ámbito de aplicación más amplio que el derecho humanitario (...) Algunos tratados de derechos humanos permiten a los Gobiernos suspender algunos derechos en situaciones de emergencia pública que pongan en peligro la vida de la nación. El derecho humanitario no permite ninguna suspensión, precisamente porque fue concebido para aplicarse en las situaciones excepcionales ocasionadas por un conflicto armado..." (conf. "Decisiones relativas a la transferencia de armas" - Aplicación de criterios basados en el derecho internacional humanitario - Guía Practica - Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra - junio 2007).

En ese sentido el "...Artículo 35 - Normas fundamentales (...) 2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios...", esto con las declaraciones de San Petersburgo de 1868 y La Haya de1899 es todo lo que la comunidad internacional ha establecido como parte del derecho internacional humanitario para situaciones de conflicto bélico internacional o nacional (conf. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) - 8 de junio de 1977 - y las declaraciones citadas).

Para concluir, se ensayaran cuatro reflexiones finales, primero el derecho internacional humanitario se aplica SOLAMENTE a situaciones de confrontaciones bélicas de carácter internacional o a conflictos armados dentro de un Estado; en el derecho internacional humanitario están prohibidas las municiones expansivas a partir de la Declaración de La Haya de 1899, disparadas por fusiles, ya que el peso de los proyectiles, su velocidad y alcance efectivo son innecesariamente dañinos para los fines de incapacitar combatientes que tienen como objetivo los fuerzas armadas en sus operaciones de guerra.

Segundo, estas regulaciones humanitarias no alcanzan a las disposiciones internas de los Estados, relativas a los calibres y características balísticas de los proyectiles utilizados por las agencias de aplicación de la legislación penal.

Tercero, las fuerzas de seguridad de un Estado tienen como principal objetivo la reducción de quienes, utilizando ilegalmente la fuerza armada, pone en peligro la seguridad e integridad física de terceros ciudadanos ajenos a tal situación y para ello no necesariamente son validos los estandares de las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad, aun dentro del mismo Estado.

Cuarto, antes de sacar conclusiones, con ligereza, sobre cuestiones que tienen aspectos políticos, morales, de derecho o sobre políticas publicas del Estado y además tienen implicancias técnicas cuyas consideraciones son decisivas para su tratamiento, es esencial que las consideraciones sobre esos factores técnicos sea exhaustivas, completas y que la implicancia de ello no sean minimizados simplemente porque no sean en este momento, o aparentemente "políticamente incorrectos".

III.- De cómo se relacionan la balística de efectos y la anatomía humana

En función de la última conclusión a la que se arribó en el capítulo que precede, podemos iniciar este, señalando que la balística es la ciencia que estudia el comportamiento de los proyectiles dentro y fuera de un arma.

Clásicamente se divide en balística interior (dentro del arma), balística externa (desde el momento que sale del arma y hasta que impacta en un blanco o hasta que agota su energía cinética), y balística terminal que estudia los efectos sobre cuerpos animados (implicancias medico-legales y sobre blancos inanimados (balística de efectos).

Es entonces, a esta parte de la ciencia a la que tenemos que recurrir a los fines determinar cuales son los mecanismos físicos que se producen cuando un proyectil impacta en el cuerpo humano.

En el "Tratado de Medicina Legal y elementos de patología forense" se define a una causa de muerte "...como toda injuria violenta o condición patológica o mórbida que desencadena los eventos físico-patológicos responsables del proceso mortal (...) los mecanismos de muerte por proyectiles de fuego pueden agruparse en inmediatos (...) Entre los inmediatos, sin lugar a dudas, el principal mecanismo de muerte es la hemorragia: interna y/o externa; deben tomarse en cuenta las estructuras vasculares o los órganos comprometidos, las características lesivas del proyectil..." (conf. PATITO, José y otros - editorial Quórum - Buenos Aires - 2003 - pp. 165 y 541).

En el mismo tratado de medicina forense también se señala citando un estudio de la Comisión Thompson-La Garde, creada por el ejercito de los Estados Unidos de Norteamérica que "...el poder de shock era proporcional: 1) a la sección del proyectil; 2) a la resistencia de los tejidos del blanco y, por lo tanto, al sitio del impacto, y 3) a la cantidad de tejido destruido..." (op. cit. - pp. 480).

La necesidad de la creación de esa comisión fue advertir, que durante la insurrección en Filipinas, al inicio del siglo XX, las armas del ejército norteamericano de calibre .38, no alcanzaban a detener los ataques de los insurgentes antes de propinar heridas o la muerte de los soldados.- Había aparecido el concepto de "stopping-power" (no como se sostuviera en uno de los artículos periodísticos antes citados como "stop power", el que además está mal traducido ya que no se refiere a "...dejar seco..." sino al poder de detención (o poder de inmovilización) de un impacto de arma de fuego en el cual se combina el calibre del arma con las características de la munición).

Los manuales de procedimiento de la O.T.A.N. definen este concepto como la capacidad de un proyectil que determine la puesta fuera de combate de una persona y que le impida su capacidad de acción durante al menos treinta segundos.

Di Maio en su libro "Heridas por armas de fuego" sostiene que dentro de la población civil en el ámbito de su investigación que, las heridas fatales por acción de armas de fuego el cuarenta por ciento (40%) interesó el cerebro, el cincuenta por ciento (50%) el corazón y los grandes vasos y solo el diez por ciento (10%) las denominadas vísceras macizas.- (conf. editorial La Rocca - 1ra. edición - Buenos Aires - 1999).

"...El poder de detención está determinado por dos órdenes de factores: los dependientes del proyectil. Estrictamente balísticos, y los dependientes de la víctima (...)

Dependientes del proyectil:

• energía o fuerza viva, dependiente de su velocidad;
• capacidad de ceder dicha energía a los tejidos;
• calibre.

Dependientes de la victima:

• topografía del impacto;
• lesión en el sistema nervioso central;
• lesión rápidamente generadora de hipovolemia;
• peso de la victima;
• capacidad para soportar el dolor:
• entrenamiento especial;
• Estado de excitación psicomotriz;
• uso de drogas..." (conf. PATITO, José y otros - pp. 498/9).

Para poner la cuestión blanco sobre negro, el objetivo de las fuerzas de seguridad es inmovilizar y detener a quien esté en un determinado momento cometiendo alguna violación a la ley penal, si el agresor utiliza un arma de fuego, la respuesta a la agresión debe buscar detener dicho accionar protegiendo prioritariamente a terceros inocentes y su propia integridad física, y para ello se debe lograr su incapacidad momentánea. Esa incapacitación depende, según se ha citado en párrafos que anteceden, una conjunción de factores atribuibles a las condiciones físicas del arma empleada en su contra y cuestiones que hacen a principios biológicos, o puesto en un orden natural la incapacitación de una persona tiene como razón primaria que se interese el sistema nervioso o que la lesión genere un cuadro de hipovolemia que prive temporalmente del sentido a la persona impactada.-

Ahora si, podemos decir que en la creación del cuadro de hipovolemia, tiene una incidencia directa el calibre del arma, la energía que, dependiente de su velocidad entrega el proyectil y su capacidad de ceder dicha energía a los tejidos, creando en su trayectoria una "cavidad temporaria" que produce una descompensación de presión en el sistema circulatorio, de tal magnitud, que lleve a una perdida de conciencia y permita su inmediato sometimiento.

Otro aspecto y más allá del proceso antes descripto y denominado como "stopping-power", es la del peligro de lesiones a terceros inocentes producto de la libre trayectoria y/o rebotes de los proyectiles disparados durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad durante la represión de una violación a la ley penal.

Para tener una amplia perspectiva que nos permita comprender las variadas cuestiones que debemos tener en cuenta sobre esta seria problemática que conlleva la decisión que el personal de las fuerzas de seguridad preste servio armado tenemos que ver las principales características que la experiencia nos enseña sobre los enfrentamientos armados en zonas urbanas.

La inmensa mayoría de los tiroteos en que intervienen fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones es en lugares cerrados o si bien a "cielo abierto" pero en el marco de centros urbanos, en general densamente poblados; además por las propias características del espacio físico el enfrentamiento tiene una duración muy limitada y usualmente se realizan pocos disparos, siendo entonces indispensables que sean aptos para lograr el objetivo de lograr la inmovilización y la incapacidad del agresor para continuar el ataque, aun después de ser impactado.

Eso hace desaconsejable usar una munición diseñada para ser supersónica (al momento de abandonar la boca del cañón viaja por encima de la velocidad de propagación del sonido) más cuando el proyectil es "full metal yacket" y esta destinado a atravesar todo cuerpo blando que encuentra en su trayectoria.

En el capitulo anterior se describió que este tipo de calibres y punta (la más emblemática es el 9x19 mm. Nato -armamento normalizado por las FFAA del pacto del Atlántico Norte- por sus siglas en ingles) es de uso predominantemente militar, es así que los armeros siempre han sostenido que el inicio del diseño de una arma es, primero, determinando la prestación requerida para el proyectil y la factibilidad de su desarrollo y segundo el resto de los mecanismo que la componen.

Como un aporte histórico, se debe aclarar que, la decisión del calibre y el tipo de punta de la munición y el armamento provisto al personal de las fuerzas federales de seguridad (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional) no fue una decisión meditada y adoptada según lo que se evaluara como la necesidad de lo que podríamos llamar el "tiro policial" o para decirlo de otra manera que calibre y munición cumple la mejor performance según los objetivos que deben tener los cuerpos policiales (repeler la agresión con armas en violación de la legislación con la mayor protección posible de terceros inocentes y del personal policial y esto no se logra con el calibre 9x19 mm. y menos con la punta "full metal jacket").

Retomando el relato histórico, la razón del cambio de armamento fue de naturaleza esencialmente política, se adoptó durante la autodenominada "Revolución Argentina" y en paralelo a la decisión del Ejercito Argentino de normalizar su doctrina de combate (incluido su armamento liviano y pesado) con la vigente para el Ejercito de los Estados Unidos de Norteamérica y la Nato (la Alianza del Atlántico Norte por sus siglas en ingles), reemplazando la pistola de reglamento de la Policía Federal Argentina que utilizaba hasta ese momento el calibre .45ACP, en tres versiones de pistolas, la Colt, la Ballester Molina o la fabricada por Hafdasa, por la Browning 9x19 mm., que era la pistola que las fuerzas aliadas de la Nato tenían como pistola y calibre de reglamento.

Es por esa razón que las fuerzas policiales y de seguridad y su conducción política se deben y le deben a la sociedad en su conjunto una evaluación seria y profesional de la doctrina y el armamento que se utiliza, en términos de brindar la mayor seguridad posible a la población en general en cuanto a los medios materiales que se despliegan en el cumplimiento de sus funciones especificas.

IV.- Conclusiones

Primera conclusión, la máxima responsabilidad de los Estados, en oportunidad de desarrollarse un episodio bélico es cuanto menos garantizar tanto a los combatientes como a los no-combatientes, por el solo hecho de verse involucrados en decisiones de orden políticas en las que no han podido incidir, las normas y reglas básicas del derecho internacional humanitario.

A diferencia de esa situación, en los casos de aplicación de la ley penal y la represión de los delitos violentos por parte de las agencias de seguridad, la responsabilidad del Estado es bien distinta, en primer lugar se ha de procurar preservar la vida y la integridad física de terceros inocentes, en segundo lugar el personal estatal interviniente ha de cuidar su vida e integridad física, y si es materialmente posible la de los agresores, máxime si su accionar incluye la tenencia y uso de armas de fuego.

Como segunda conclusión se puede señalar que, a los efectos de establecer un aceptable stopping-power (reiteramos no es "...stop power...") que incapacite temporalmente a un agresor armado y le impida continuar usando su arma de fuego no solo tiene que ver con la forma o consecuencias biológicas inmediatas en que impacta la punta del proyectil sino también del calibre del mismo y de las características físicas generales que posee.

Por ello la utilización de munición deformante para el uso del calibre 9x19 mm., es un paso adelante, necesario pero no suficiente, respecto de la munición actualmente utilizada por las agencias federales, por ejemplo por la Policía Federal Argentina, conocida como "full metal jacket" de punta tronco-conica, respecto a garantizar la integridad física de terceros inocentes y del personal policial en enfrentamientos armados en centros urbanos.

Tercero, es necesario replantear las necesidades policiales, a partir de cuales son las características, que la experiencia enseña, de los enfrentamientos armados en zonas urbanas, y con alto porcentaje de terceros ajenos al enfrentamiento en sus inmediaciones, y en ese sentido las policías deben ser provistas con armamento cuyo calibre garantice aunque mínimamente ese Estado de incapacidad temporaria que le impida continuar en su agresión, esto es, se deberán explorar calibres cuyos proyectiles tengan al momento del impacto la capacidad de generar esta situación y que por diseño, tal cual ya se explicó más arriba, no es el calibre 9 mm, y entre los cuales si puede ser entre otros el calibre en partes de pulgadas .38, .40, .357 o en milímetros el 10.

Y esto implica, además, que el personal de las fuerzas de seguridad federales este adecuadamente capacitado para su uso, de modo tal que se minimicen las posibilidades de lesionar la integridad física de terceros inocentes.

Sin duda es particularmente delicado la consideración pública de cuestiones que implican la toma de decisiones que, de alguna manera puedan causar lesiones o la muerte de personas, sin embargo el deber del Estado y sus funcionarios es garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos, con la totalidad de de los medios legales puestos a su disposición por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su ejercicio.

En ese sentido se debe dictar la normativa que deberán utilizar los integrantes de las agencias federales de seguridad, cuando sea necesario la utilización de la fuerza armada.

Asimismo se debe garantizar que sea el Estado el que ejerza el monopolio de la fuerza y proveer de los elementos materiales más adecuados al logro de estos fines.

De estos temas se debe hablar de manera seria y madura, porque son cuestiones que hacen a la paz y tranquilidad pública y ciertamente no es serio la difusión periodística que carece de un mínimo control científico y bibliográfico que sustente la critica a una medida que, por ser polémica no significa "per se" que sea equivocada.